Por Jesús Andrés Aranda Valdés.
INTRODUCCION
INTRODUCCION
Es difícil encontrar legisladores comprometidos a luchar directamente desde sus escaños contra el narcotráfico. Unos pocos hacen pininos expresando sus ideas sobre la droga adicción. De hecho es muy raro que promuevan la legalización y medicación de la droga. Su abstención u oposición a ésta medida, les convierte en cómplices del mundo del narco tráfico; por ignorancia, por cobardía, por contubernio consciente con la mafia, o por atraer votos de sectores conservadores dentro de la cristiandad. Estas actitudes les degenera como políticos y les convierte en politiqueros. Estas apreciaciones no son nada improvisadas. Son muchos los estudios e investigaciones académicas y las notorias experiencias de varios países, que nos demuestra la racionalidad de dichas medidas.El actual sistema del tratamiento oficial contra la droga adicción y el narcotráfico, tanto a nivel federal como estatal, han demostrado una total ineficacia. Cada día existen mayores índices de criminalidad a causa de las drogas.
En Puerto Rico, la delincuencia, y el narcotráfico como la expresión más deteriorante de la misma, acaparan según expresiones del propio gobierno el mayor volumen de ingresos del país, superando con creces su presupuesto anual. El narco tráfico es el más extendido sector económico. Cada día se hace más notorio que éste ha extendido sus tentáculos dentro de todos los ámbitos del gobierno y del sector privado. Personas cercanas a la legislatura, la judicatura, el cuerpo de la policía y agencias gubernamentales, comentan a sotovoce que en cada una de estas areas de la vida pública se encuentran atornillados agentes a su servicio: jueces, abogados. fiscales, legisladores y policías. Existen prósperos
comerciantes, jefes de las finanzas y profesionales que lavan los narco dólares y financian los embarques. Es muy difícil detectarlos por los complicados y sutiles métodos que utilizan para no aparecer directamente conectados a dichas gestiones.
Es entendible que ante esta madeja de intereses creados que agrupa a tanta gente poderosa se dificulta cualquier acción verdaderamente significativa contra los mismos. Recordemos si ocurrió algo con el tan cacareado diagrama del crimen que nunca se dió a conocer a la opinión pública. Preguntémonos que ha ocurrido con la posición del Zar de la Droga. Analicen si se ha dado algún seguimiento responsable al escandaloso robo de armas en el almacén de la Policía de Isla de Cabras. Reflexionemos porqué durante tanto tiempo el Departamento de Hacienda ha arrastrado los piés en lo relacionado con la inspección de los furgones en los muelles. Ahora, cercanos a las elecciones , el gobierno ha comenzado una campaña muy limitada en este sentido. Siempre se ha esgrimido la excusa de que no se cuenta con suficientes recursos para una amplia y constante inspección. Les aseguro que estas gestiones se descontinuarán en poco tiempo. La eliminación arancelaria del 6.6 por ciento sobre las importaciones, la imposición del IVU y el desdén de los gobiernos en torno a la inspección de los furgones, son medidas que favorecen a la mafia del narco tráfico, a los desarrollistas y a las grandes corporaciones importadoras. Muchas corporaciones continúan figurando el 6.6% adicionándolo dentro de su política de fijación de precios. Tras esta medida junto a las otras dos anteriormente mencionadas es que se encuentran los mayores evasores contributivos.
Con estas expresiones no pretendemos desacreditar a miles de buenos policías que en ocasiones arriesgan sus vidas durante los "shows of force" que promueven las agencias de ley y orden en sus pretensiones de demostrar su efectividad ante la opinión pública. También sabemos de abogados, jueces y fiscales insobornables. En unas pocas ocasiones se han apresado "pejes gordos", casi siempre antipáticos por no compartir las riquezas producto de su ignominia con elementos corruptos del gobierno. Pero debemos añadir que en ocasiones, la ley de OMERTA (silencio y/o encubrimiento), que practica la mafia entre sus miembros, se practica también en las agencias incluso por buenos servidores públicos que no se atreven a denunciar a sus compañeros delincuentes, bien sea por temor o por "espíritu de cuerpo".
Es indiscutible que ya Puerto Rico es un narco-país. Lo único que nos falta para convertir el territorio en un infierno, es que un dirigente narco con mucha capacidad organizativa y gran poder económico o un grupo de ellos, unifiquen vertical y horizontalmente la distribución de la narco-economía y sometan a los "bichotes"- diplomáticamente de ser posible- formando una familia o un cartel. Llegado ese momento, espero que no se les ocurra identificarlo con el nombre de algún político famoso que halla sido ingresado a la cárcel.Cuando esto ocurra, pudiese ser posible que ante una estructura monolítica a través de un cartel, se disminuyan los crímenes callejeros por concepto de "la guerra entre los puntos". Sin embargo se incrementaría el poder corruptivo y las influencias de los narcotraficantes sobre el sector político. Las consecuencias serían más desastrozas aún, debido a que se produciría un mayor acceso de la oferta narco a la ciudadanía y un debilitamiento de las gestiones gubernamentales contra el tráfico de estupefacientes.
FIN DE LA PRIMERA PARTE.
CONTINUARA MAÑANA.
comerciantes, jefes de las finanzas y profesionales que lavan los narco dólares y financian los embarques. Es muy difícil detectarlos por los complicados y sutiles métodos que utilizan para no aparecer directamente conectados a dichas gestiones.
Es entendible que ante esta madeja de intereses creados que agrupa a tanta gente poderosa se dificulta cualquier acción verdaderamente significativa contra los mismos. Recordemos si ocurrió algo con el tan cacareado diagrama del crimen que nunca se dió a conocer a la opinión pública. Preguntémonos que ha ocurrido con la posición del Zar de la Droga. Analicen si se ha dado algún seguimiento responsable al escandaloso robo de armas en el almacén de la Policía de Isla de Cabras. Reflexionemos porqué durante tanto tiempo el Departamento de Hacienda ha arrastrado los piés en lo relacionado con la inspección de los furgones en los muelles. Ahora, cercanos a las elecciones , el gobierno ha comenzado una campaña muy limitada en este sentido. Siempre se ha esgrimido la excusa de que no se cuenta con suficientes recursos para una amplia y constante inspección. Les aseguro que estas gestiones se descontinuarán en poco tiempo. La eliminación arancelaria del 6.6 por ciento sobre las importaciones, la imposición del IVU y el desdén de los gobiernos en torno a la inspección de los furgones, son medidas que favorecen a la mafia del narco tráfico, a los desarrollistas y a las grandes corporaciones importadoras. Muchas corporaciones continúan figurando el 6.6% adicionándolo dentro de su política de fijación de precios. Tras esta medida junto a las otras dos anteriormente mencionadas es que se encuentran los mayores evasores contributivos.
Con estas expresiones no pretendemos desacreditar a miles de buenos policías que en ocasiones arriesgan sus vidas durante los "shows of force" que promueven las agencias de ley y orden en sus pretensiones de demostrar su efectividad ante la opinión pública. También sabemos de abogados, jueces y fiscales insobornables. En unas pocas ocasiones se han apresado "pejes gordos", casi siempre antipáticos por no compartir las riquezas producto de su ignominia con elementos corruptos del gobierno. Pero debemos añadir que en ocasiones, la ley de OMERTA (silencio y/o encubrimiento), que practica la mafia entre sus miembros, se practica también en las agencias incluso por buenos servidores públicos que no se atreven a denunciar a sus compañeros delincuentes, bien sea por temor o por "espíritu de cuerpo".
Es indiscutible que ya Puerto Rico es un narco-país. Lo único que nos falta para convertir el territorio en un infierno, es que un dirigente narco con mucha capacidad organizativa y gran poder económico o un grupo de ellos, unifiquen vertical y horizontalmente la distribución de la narco-economía y sometan a los "bichotes"- diplomáticamente de ser posible- formando una familia o un cartel. Llegado ese momento, espero que no se les ocurra identificarlo con el nombre de algún político famoso que halla sido ingresado a la cárcel.Cuando esto ocurra, pudiese ser posible que ante una estructura monolítica a través de un cartel, se disminuyan los crímenes callejeros por concepto de "la guerra entre los puntos". Sin embargo se incrementaría el poder corruptivo y las influencias de los narcotraficantes sobre el sector político. Las consecuencias serían más desastrozas aún, debido a que se produciría un mayor acceso de la oferta narco a la ciudadanía y un debilitamiento de las gestiones gubernamentales contra el tráfico de estupefacientes.
FIN DE LA PRIMERA PARTE.
CONTINUARA MAÑANA.
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